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9 enero, 2019 Austeridad, sí, pero no en detrimento de la democracia Publicado en: La fuente

Austeridad, sí, pero no en detrimento de la democracia

Por Greta Ríos

En julio del año pasado México vivió la elección concurrente más grande de su historia, en la que se eligieron más de 18,000 cargos de elección popular. Fue, sin lugar a dudas, el proceso electoral más complicado que ha vivido nuestra nación. Poco crédito se le ha dado al importantísimo papel que jugó la institución que está detrás de la que fue la primera elección en la historia de nuestro país de cuyo resultado nadie tiene la menor duda: el Instituto Nacional Electoral (INE).

Hoy México tiene un sistema electoral que es punta de lanza en muchos temas, que ha sido utilizado como fuente de mejores prácticas a nivel internacional y que, además, involucra directamente a la ciudadanía en el complicado proceso de recolectar y contar los votos, blindando así la elección contra posibles conflictos de interés. El trabajo que ha realizado el Instituto Nacional Electoral desde su creación en 1990 es encomiable y ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Sin duda, contar con un mecanismo fuerte a nivel nacional en materia electoral es el pilar básico para mantener nuestra democracia y poder aspirar a que ésta sea realmente representativa.

En tal contexto, es verdaderamente alarmante el recorte presupuestal que sufrió el Instituto Nacional Electoral en 2019. Si bien es entendible y loable la política de austeridad en el gasto público, definitivamente existen rubros en donde escatimar recursos resulta peligroso. Tal vez el más importante de ellos es justamente el electoral. Hoy, más que nunca, México necesita instituciones fuertes en la materia, que le permitan transitar hacia una democracia consolidada, que velen por la validez y legitimidad de los procesos de elección popular y que sirvan como contrapeso para garantizar la independencia y representatividad de los resultados electorales en todo el país. 

Para 2019, el Instituto Nacional Electoral presentó a finales de 2018, ante la Cámara de Diputados, la propuesta presupuestal más baja de su historia, siendo casi 38% menor al presupuesto que recibió en 2018. Sin embargo, esa propuesta fue modificada a la baja por los diputados, otorgando al Instituto un presupuesto de 950 millones de pesos menos de lo solicitado.

Dicho recorte presupuestal significa que el Instituto tiene que tomar decisiones drásticas sobre las prioridades que deberá perseguir en 2019. En concreto, el recurso que se les asignó no es suficiente para realizar la totalidad de sus funciones básicas, por lo que se está debatiendo la posibilidad de que el Instituto, por ejemplo, delegue la organización de los 5 procesos electorales que tendrán lugar en el país este año a los institutos electorales locales. Otra posibilidad que se está explorando es dejar de emitir credenciales de elector para reducir gastos.

Cualquiera de estas dos opciones es una afrenta directa a nuestro sistema democrático. La primera presupone que los institutos locales cuentan con recursos propios para cubrir un vacío que no tenían contemplado, lo cual muy probablemente no sea así. Además, les genera una carga de responsabilidad con la que no contaban cuando realizaron su planeación anual y para la que, consecuentemente, no están preparados. No podemos esperar procesos electorales confiables bajo estas condiciones.

La segunda es aún más catastrófica porque implica retroceder muchos pasos en el nivel de controles con que cuenta nuestro sistema electoral para garantizar elecciones limpias y confiables. Si no podemos credencializar a los ciudadanos, no tenemos manera de asegurar que las personas que están acudiendo a emitir sus votos son en realidad quienes dicen ser, que no están votando más que una sola vez y que no están siendo víctimas de robo de identidad. Además, debido a la falta de un documento de identidad nacional, en México la credencial de elector se entiende como la prueba estándar de identidad. Dejar de emitir estas credenciales generaría inestabilidad social y política a todos los niveles.

Ahora, llevar a cabo procesos electorales a nivel local sin la participación del Instituto Nacional Electoral es ciertamente posible. Sin embargo, como señalo más arriba, ni los procesos ni los resultados de estos estarán blindados contra delitos electorales e irregularidades en la misma magnitud que si estuvieran a cargo del INE. Además, de llevarse a cabo estos procesos locales sin el INE, estaríamos mandando la señal más alarmante de todas: que no necesitamos al INE para tener una democracia consolidada en nuestro país. Esto, además de ser una falacia, nos lleva a un escenario peligrosísimo en donde podríamos terminar por perder la autonomía y los controles que hacen que nuestros procesos electorales sean confiables y representativos. En resumen, podríamos muy pronto volver a los tiempos en que las elecciones se organizaban desde la Secretaría de Gobernación y eso es inaceptable.

En el contexto de la transición gubernamental y con un nuevo régimen que está explorando nuevas formas de democracia participativa, es una condición sine qua non contar con organismos autónomos garantes tanto de los procesos participativos como de los resultados de los mismos. Como ciudadanos nos toca exigir a todos los niveles de gobierno que garanticen la independencia de los organismos electorales. La primera manera de garantizarla es otorgándoles los recursos mínimos necesarios para cumplir con su labor.


Imagen tomada de https://centralelectoral.ine.mx/2018/11/26/conoce-la-comparacion-del-presupuesto-del-ine-2015-2019/

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