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21 agosto, 2019 El nuevo modelo del Presupuesto Participativo en la CDMX Publicado en: La fuente

( FOTO: GALO CAÑAS / CUARTOSCURO.COM )

 

Por Gerardo Velarde.- Tras seis horas de discusión y en una sesión extraordinaria, el pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó la nueva Ley de Participación Ciudadana, documento que define los mecanismos de participación ciudadana, incluido el Presupuesto Participativo (PP).

El PP es una herramienta que permite a los ciudadanos proponer y votar proyectos que mejoren su colonia en la Ciudad de México. Si bien gran parte de los recursos históricamente se utilizan en proyectos de alumbrado público, pavimentación, tinacos o calentadores; existen colonias que han utilizado esta herramienta de una manera innovadora para, por ejemplo: crear sistemas de captación de agua de lluvia, talleres de iniciación musical, gimnasio para personas con discapacidades físicas, huertos urbanos e inclusive orquestas juveniles.

Además de lo anterior, existen dos grandes problemas alrededor del PP: una baja participación ciudadana y una enorme opacidad en la manera en que se ejecutan los recursos. 

El promedio desde que la consulta del PP se llevó acabo por primera vez en 2011, hasta el 2018, el porcentaje de participación de la ciudadanía ha sido del 4.83% del padrón electoral; alcanzando un máximo de 12.5% en 2014 y un mínimo de 2% en 2011 y 2013, de acuerdo con las cifras del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). 

Por otro lado, al hacer una revisión al apartado del PP de la Cuenta Pública de cada alcaldía encontramos que es común que a los proyectos de se le modifique la cantidad de dinero asignada, se ejecute menos de lo aprobado -en algunos casos incluso menos al 50%- o que estos simplemente no se ejecuten. Por ejemplo, de acuerdo con la Cuenta Pública de la alcaldía de Álvaro Obregón, en 2018 se ejercieron 10 millones de pesos menos de lo presupuestado y varios proyectos no se realizaron. Sin embargo, es tal el nivel de opacidad que tener acceso a esta información es una labor titánica para un ciudadano, por lo que la rendición de cuentas es prácticamente inexistente en los proyectos de presupuesto participativo. 

El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados Federal, advertía ya desde 2017 que “el abstencionismo, las fallas en materia de transparencia, los conatos de clientelismo vía la elección de los Comités Ciudadanos y la falta de eficiencia administrativa para cumplir con el dictado vecinal”, eran cuestiones que resolverse en materia del PP. 

Dado lo mencionado anteriormente, queda claro que era necesario un cambio en la legislación del PP, la cual llegó con la nueva Ley de Participación Ciudadana aprobada apenas hace unas semanas. 

El primer y más llamativo cambio en la ley es el aumento del recurso que se dispondrá para PP al pasar del 3% al 4% del presupuesto total de la alcaldía. No obstante, en los artículos transitorios se estableció que será hasta 2023 cuando esto aplique. Durante 2020 el dinero asignado para presupuesto participativo será de 3.25% del total de cada alcaldía, en 2021 del 3.5% y en 2022 del 3.75%.

En 2019 el presupuesto aprobado para las alcaldías fue de 42 mil 818 millones de pesos, por lo que la cantidad destinada al PP (3%) fue de mil 284 millones pesos; teniendo en cuenta estas cifras un aumento al 4% son alrededor de 428 millones de pesos. 

Sin embargo -y tal vez más importante-, la manera en que se distribuirán los recursos entre las unidades territoriales (colonias) no es totalmente clara. En la ley anterior el 3% era distribuido equitativamente entre todas las unidades territoriales, con la nueva ley el 50% (del nuevo 4%) será distribuido equitativamente, el restante estará a expensas de un nuevo indicador que tendrá que realizar la Secretaría de Administración y Finanzas que tomará en cuenta las siguientes variables:

Hasta el momento es incierta la ponderación que la dependencia otorgará a cada variable, por lo que, al no detallarse en la ley, existe el riesgo que el nuevo indicador de finanzas sea usado para enfocar recursos a las unidades territoriales que el poder ejecutivo (jefe de gobierno) deseé.

Un punto positivo que resaltar es que se prohíbe que los recursos se modifiquen a nivel partida específica en más de un 10%; como se mencionó anteriormente no era inusual que a varios proyectos se les quitara dinero o incluso no se realizaran. Además, se establece que los proyectos presentados “de ninguna forma podrán suplir o subsanar las obligaciones que las Alcaldías como actividad sustantiva”, por lo que en teoría desaparecerían los proyectos de bacheo o alumbrado público, no obstante, en práctica puede que esto no suceda dado que la ley no lo prohíbe de manera expresa. 

Las fechas en que se emite la convocatoria y se votan los proyectos también cambian, anteriormente la convocatoria se emitía la primera semana de abril y la votación se llevaba a acabo el primer domingo de septiembre, ahora la convocatoria será emitida la primera quincena de enero y la votación ocurrirá el primer domingo de mayo; de esta manera los proyectos elegidos serán ejecutados en el año en curso y no en el posterior como venía ocurriendo hasta ahora. 

Por única ocasión la jornada electiva para proyectos de presupuesto participativo para los años 2020 y 2021 se realizará el 15 de marzo de 2020, para lo cual el instituto emitirá convocatoria la segunda quincena de noviembre de 2019. 

De acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México no puede haber consulta en materia del PP en los años que se elijan autoridades constitucionales por lo que cada tres años se elegirán los proyectos que se ejecutarán ese año y el que sigue. 

Posterior a la emisión de la convocatoria se realizarán en cada unidad territorial Asambleas Ciudadanas en las que se enlistarán los problemas y prioridades de la comunidad, sobre las cuales se deben versas los proyectos a inscribir en el presupuesto participativo, éstos podrán ser presentados por cualquier habitante de la colonia sin distinción de edad. 

Un órgano dictaminador de la alcaldía compuesto por especialista contemplará la viabilidad técnica, jurídica, ambiental y financiera de los proyectos propuestos para determinar cuáles sí pasan a la consulta.

El ejercicio del presupuesto participativo será ejercido por una Comisión -ciudadana- de Ejecución y cuidado por una Comisión -ciudadana- de Vigilancia; los integrantes de cada comisión serán elegidos en un sorteo realizado en la Asamblea Ciudadana de entre los ciudadanos que deseen participar. Preocupantemente, la ley no especifica que sucederá en los casos en los que no existan ciudadanos dispuestos a formar parte de estos comités. 

A grandes rasgos este es el nuevo panorama del presupuesto participativo en la Ciudad de México. Ciudadanía y sociedad civil organizada deberán estar al tanto de cómo se desarrollan estos nuevos procesos; atentos para seguir proponiendo mejoras a ley, pues en última instancia, todo marco jurídico es perfectible.

 

 

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